Las transiciones que cambiarán el rumbo de México.

En México, sexenalmente, al inicio de cada Gobierno Federal, la Constitución de la República obliga a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de él se derivan los programas sectoriales, porque Plan solo hay uno, el PND y todos los demás son programas, normalmente por dependencia del Ejecutivo. Curiosamente programas que no tienen fechas ni metas concretas y mucho menos presupuestos. Y no los tienen por prohibición expresa del propio gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, el cual constituye un factor indispensable del bienestar al estar relacionado estrechamente con lo ético, social, ambiental y económico, y debe ser aplicado a fin de garantizar un futuro habitable y armónico y, con ello, dar cumplimiento a lo previsto en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el hecho de que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

La SEMARNAT presentó recientemente el nuevo plan de política ambiental con cuatro años de vigencia, que señala, se centra en el «impulso al desarrollo sostenible». El plan, llamado Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 (Promarnat), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y comparte los objetivos de la Agenda 2030 que buscan erradicar la pobreza, proteger el ambiente y la prosperidad de todos.

Como parte del proceso de elaboración de su programa sectorial, la Semarnat diseñó un amplio proceso de consulta basado en la realización de ocho foros regionales para recoger las consideraciones y propuestas de los ciudadanos y las ciudadanas. Los foros se complementaron con nueve círculos de reflexión integrados por expertos que, partiendo de los principales temas reconocidos y las propuestas presentadas en los foros regionales, analizaron los objetivos y estrategias prioritarias y las acciones puntuales que se incluyeron en el Promarnat. Foros guiados, dirigidos y preparados para documentar lo que ya está previsto en el PND.

La herramienta, que regirá las políticas públicas federales en materia ambiental, destaca cinco objetivos prioritarios para la futura planeación.

El primero de ellos es “promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos considerando las regiones bioculturales”.

El segundo eje consiste en “fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles”.

Asimismo, el nuevo Promarnat contempla el agua como un “pilar de bienestar” que hay que manejar con instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión”.

El cuarto objetivo prioritario es asegurar un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo para contribuir “al ejercicio pleno del derecho a un medioambiente sano”.

Por último, la estrategia establece la necesidad de “fortalecer la gobernanza ambiental” con una mayor, más efectiva y significativa participación ciudadana.

Es una suma de buenos deseos que se presentan con la idea de reorientar institucionalmente a la Semarnat y convertirla en una institución líder para proteger, fomentar y apoyar la recuperación ambiental del país, en permanente diálogo para fortalecer los procesos de intercambio de ideas, métodos y tecnologías con los distintos sectores de la sociedad, con las comunidades y a través de la cooperación internacional.

Se articula en tres ejes principales: I) Política y Gobierno, II) Política Social, y III) Economía. Dentro del eje sobre Política Social establece:

“El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.”

Fuentes: SEMARNAT, El Agrodiario.

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